Más voces, pero no más diálogo

La libre manifestación de las ideas está consagrada en la Constitución en los artículos 6 y 7, y se estableció desde 1951 el día 7 de junio como el Día de la Libertad de Expresión en México. 

En este contexto, la semana pasada, la asociación Article 19, una organización independiente de derechos humanos que trabaja para promover el derecho a la libertad de expresión, presentó su informe anual que lleva el título Disonancia: voces en disputa. 

Hace un balance de lo que ha sido la política de comunicación e información del gobierno de la 4T, y los resultados son preocupantes, porque los cambios prometidos presentan grandes inercias que se resisten a las promesas de transformación. 

Al inicio del gobierno de la 4T hubo acciones y actitudes como el compromiso de que no habría censura; el reconocimiento de la culpa del Estado como el caso de Lydia Cacho; la promesa esperada de equidad en el gasto en medios de comunicación, y la actualización del mecanismo de protección a periodistas. 

Sin embargo, despertamos a la realidad con el aumento de la violencia en contra de periodistas. En 2019 hubo 609 agresiones a periodistas y 10 asesinatos. En la geografía de violencia contra periodistas sobresalen Puebla, Oaxaca y Veracruz. 

En el gasto en publicidad oficial, destaca la enorme reducción de recursos; el dinero bajó de 10 mil 725 millones de pesos en 2018, último año del gobierno de Peña Nieto, a sólo mil 550 en 2019. Pero sólo tres medios se llevan 30 por ciento del total de los recursos: Estudios Azteca, con 10.87; Televisa, con 10.84, y La Jornada, con 8.03. 

Caracteriza a las conferencias mañaneras como espacio de estigmatización y no como espacio informativo, no se puede contrastar la información. Por esa razón se han elevado exponencialmente las peticiones de información, y señala que en la 4T la práctica de trasparencia es selectiva y discriminatoria. Enfatiza que el discurso estigmatizante del presidente sí tiene efectos en la seguridad de los periodistas y en el clima de polarización que vive el país. Las peleas con la prensa, desde el podio de las mañaneras, ha terminado de establecer que el derecho a disentir no está garantizado. 

Las redes sociales se han convertido en un campo de confrontación, que se traduce en oleadas de agresiones para la amenaza, el acoso y el hostigamiento entre todos los actores sociales. 

Ciertamente en los medios de comunicación y en las redes sociales hay más voces, pero no más diálogo. Mejorar la comunicación política, para lograr la unidad, parece muy lejos, pero se debe atender.  

La pandemia ha venido a desnudar que no existe la voluntad de los gobiernos federal y estatales por hacer que la libertad de expresión se garantice a través de una verdadera política de Estado. 

Argumenta que “el presidente hizo de su palabra un instrumento y un arma de gobierno. Decidió neutralizar o anular a cualquiera que buscó cuestionar su relato”. 

Señala además que las actitudes autoritarias de distintos gobernadores, presidentes municipales y funcionarios federales originan una política que busca controlar los flujos de información que llega a la sociedad a través de una serie de amenazas físicas, políticas, económicas, jurídicas y tecnológicas. 

En el centro de esa comunicación política estamos los ciudadanos, que tenemos que decidir a quién creer y sobre la verdad que queremos hacer nuestra. 

El informe propone una agenda para combatir la impunidad de los crímenes en contra periodistas, garantizando una política integral de protección para ellos; señala la enorme necesidad para la vida democrática de promover medios de comunicación independientes; combatir la desinformación y eliminar el lenguaje estigmatizante en la comunicación de las áreas de gobierno y del presidente. 

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