Jalisco y la inseguridad 

El más reciente informe del gobernador del Estado en materia de seguridad se vuelve a enfocar en supuestos avances, dejando de lado temas sumamente complejos que afectan la vida cotidiana de quienes vivimos en Jalisco, como la desaparición de personas y la crisis forense. En su declaración se señalan logros del último año respecto a la disminución del delito de robo en diversas modalidades y una percepción de mejoría por parte de los ciudadanos con relación a la inseguridad. 

El discurso del gobernador es omiso respecto al tema de la desaparición de personas, crisis forense, homicidios, masacres, fosas clandestinas y el incremento de violencia contra las mujeres. Durante 2020 los informes parciales sobre la situación de seguridad local se han presentado con un ánimo triunfalista, argumentando cifras que generan desconfianza, dudas e incertidumbre, pero hasta este momento no se ha hablado de una estrategia integral de combate al delito, a la inseguridad y que tenga como eje la prevención, por ejemplo. 

No se ha hecho en Jalisco un análisis de contexto para establecer las causas, actores y factores que provocan la violencia e inseguridad; tampoco se hace mención respecto a la cifra negra del delito (los delitos que no son denunciados) y las voces de quienes se han visto afectados por la inseguridad no se han escuchado. Ha habido represión a jóvenes como la realizada en la marcha del 5 de junio de 2020 o acciones de hostigamiento hacia las víctimas, pues recientemente hubo un desalojo con policías a familiares de desaparecidos que se encontraban en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses esperando por la entrega de cuerpos identificados que había sido acordada previamente con la autoridad. 

Las diferencias políticas de la administración local con el gobierno federal también son un factor que complica la situación de Jalisco, pues si bien la democracia implica esa capacidad de los ciudadanos de decidir por diferentes partidos para el ejercicio del poder, la propia Constitución señala que la democracia es ante todo un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; en situaciones tan complejas como la presencia del crimen organizado y la inseguridad que conlleva debería prevalecer el interés de la sociedad antes que el de los grupos políticos. Se requiere el trabajo conjunto con los diversos niveles de gobierno para el problema complejo y multifactorial que representa la inseguridad. 

Jalisco también ha sufrido durante 2021 por desplazamiento forzoso, desapariciones forzadas, impunidad (que ha llegado a ser del más del 95 por ciento), homicidios, secuestros y feminicidios, de ahí que la expectativa al iniciar este 2022 debería orientarse a crear una estrategia integral de atención a la violencia e inseguridad, podría empezarse por realizar foros de análisis y escucha, las voces de víctimas, universidades e instancias defensoras de derechos humanos en la entidad tendrían mucho que aportar. 

La estrategia debe acompañarse de un presupuesto que responda a las necesidades de la problemática, tanto para contar con el personal suficiente y capacitado (policías investigadores, peritos, unidades de análisis de contexto, atención psicosocial, etc.) como para la infraestructura y equipamiento necesario. 

Para empezar a pensar en la solución se debe reconocer que hay un problema de inseguridad, realizar un diagnóstico para aproximarse a las dimensiones reales, elaborar un análisis del contexto que incluya aspectos geográficos, económicos e históricos, además de revisar dinámicas de violencia y criminalidad que se han agravado en la actual administración. 

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