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Jueces nuevos renunciando
Porque nos la quitaron
La corrupción gubernamental es un problema muy grave desde una perspectiva económica. No solo se refleja en decisiones inapropiadas de los servidores públicos; también se refleja en ineficiencias en la asignación, producción y distribución de los bienes y servicios públicos. La corrupción es un determinante de la pobreza de las sociedades y del estancamiento económico de los países.
En este contexto, resulta relevante señalar que la última Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi (ENCIG, 2021) muestra que 86.3 por ciento de la población mexicana considera que son frecuentes los actos de corrupción gubernamental. Además, 14.7 por ciento de la población que realizó trámites, pagos, solicitudes de servicios o, bien, que tuvo contacto con un servidor público manifestó haber experimentado actos de corrupción.
La ENCIG muestra que la corrupción gubernamental tiene una incidencia alta y costos muy altos para la población. A nivel nacional, la tasa anual de víctimas por corrupción se estima que asciende a 25 mil 995 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Los costos de incurrir en actos de corrupción se estiman en 9 mil 500 millones de pesos por año. Si se considera la población de 18 años o más, estos costos ascienden a más de 3 mil pesos per cápita.
La ENCIG reporta que los costos anuales de la corrupción varían significativamente en el país. En términos per cápita, los costos más altos se registran en Yucatán (12,500 pesos), Oaxaca (8,700) y Michoacán (5,100). Los costos más bajos se registran en Campeche (1,100 pesos), Morelos (1,100) y Colima (1,000). Los costos en Jalisco se estiman alrededor de mil 800 pesos por persona.
Las encuestas también indican que se ha reducido la tasa de prevalencia de la corrupción experimentada por la población jalisciense de 18 años o más. Entre 2017 y 2021, la mencionada tasa estatal disminuyó de 13.9 a 12.2 por ciento.
Las reducciones en las tasas de prevalencia de la corrupción estatal coinciden con el nacimiento y desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco. El Seajal es una institución que lleva seis años promoviendo la sensibilización de los políticos y hacedores de políticas, la capacitación de funcionarios públicos y el desarrollo de estudios y metodologías para reducir los riesgos de corrupción.
Entre 2022 y 2023, las acciones del Seajal han consolidado a la institución y han definido una ruta para controlar la corrupción gubernamental. Las acciones han permitido definir acuerdos y practicas orientadas a inhibir la corrupción estatal y municipal.
Las acciones implementadas por la doctora Nancy García Vázquez han sido fundamentales para lograr dichos avances. Los integrantes del Seajal, bajo su dirección, han trabajado conjunta, discreta y estratégicamente con los más de 500 entes públicos estatales y municipales jaliscienses. Esperemos que el Seajal mantenga dicha dinámica de trabajo. Solo así habrá resultados concretos en la lucha contra la corrupción.
* Economista e investigador de la UdeG
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JB