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Y resolver Magistraturas
A creerle
La semana pasada se llevó a cabo un informe más de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la Cámara de Diputados, evento en el que se realizaron diferentes expresiones a favor y en contra de la gestión de esta relevante comisión que, en lo que va de la presente administración, no ha presentado ningún resultado importante respecto del objeto para la cual fue creada.
El acento de la titular actual se concentró en hacer un informe de gastos y gestión de espacios que estuvo muy lejos de considerarse en un verdadero informe del estado de los derechos humanos en nuestro país; se asemejó más a una rendición administrativa de cuentas de cualquier oficina administrativa.
La década de los años 90 constituyó un momento coyuntural importante en la historia reciente de nuestro país. En esa década, los temas de comercio y conectividad se multiplicaron geométricamente; los contactos planetarios y cada una de las regiones y países se vieron en una relación constante y en esquemas considerables de interacción en todos los niveles. Precisamente, el tema de derechos humanos cobraba una relevancia importante en la reconstitución, sobre todo occidental, relacionada fundamentalmente con el hecho de que las democracias adquiriesen una perspectiva de mayor representatividad y de presencia central de las personas en su carácter de ciudadanos, circunstancia que demandaba una protección central de los derechos civiles, todos en su conjunto, respecto de los cuales los Estados estaban obligados a respetar y construir la trama de desarrollo democrático a partir de esas unidades legales: el ciudadanos y sus derechos.
Dos esquemas cobraron una relevante presencia en el horizonte político y jurídico de nuestro país. Por una parte, el reconocimiento y total derecho al voto, elemento esencial para la construcción de un importante y diferente modelo democrático, dando como resultado la creación del Instituto Federal Electoral (hoy INE). Por otra parte, el reconocimiento de la calidad de la población que el Estado está obligado a respetar, y con ello se creó la CNDH. Dos elementos nodales en la conformación de la dimensión jurídica y política del México del siglo 21, el respeto y derecho al sufragio, y la defensa de su calidad ciudadana.
Se trató del establecimiento de organismos autónomos constitucionales que con un carácter técnico y con representación de las diferentes marcas políticas, así como de la sociedad civil, sirviesen de instituciones vigilantes del mantenimiento del orden legal y constitucional a que están obligadas las instancias de gobierno. Así, la administración pública cuenta con espacios técnicos que vigilan y mantienen los órdenes necesarios para una gobernanza eficiente. No se trata, pues, de una dependencia gubernamental, sino de una instancia autónoma vigilante de los asuntos para los que se crearon.
Los reclamos de la oposición en el informe dejaron constancia de la transformación sustancial que sus titulares han desarrollado de esa instancia en la que más que plantear el cuadro de derechos humanos que priva en nuestro país, reportaron el gasto corriente y los ahorros que han realizado. La migración, los feminicidios, las desapariciones forzadas, el alto número de muertes violentas, los ataques a los periodistas, la transformación del sistema de presencia de las Fuerzas Armadas en funciones civiles de policía y, en general, de la inseguridad que en una parte significativa corresponde como función al Estado no fueron temas tratados ni mínimamente esbozados por los funcionarios de esta institución.
La relevancia que tienen los derechos humanos en nuestro país constituye uno de los elementos articuladores en la historia de este siglo, pero los funcionarios actuales, además de desconocer el esquema, pretenden desarticularlo. Una gran catástrofe en caso de llegar a sus conspicuos planes.
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jl/I