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Zapopan
Posando para la foto
El territorio del municipio de El Salto, Jalisco, es, como se sabe y se ha documentado, un caso paradigmático de la capacidad destructiva que tienen el capital industrial, el inmobiliario y las industrias extractivas en México. Y, en paralelo, desde luego, también confirma con claridad diáfana, aunque lo nieguen, el papel de comparsas y socios que han jugado las autoridades municipales, históricamente, al permitir desde hace décadas éste que puede considerarse como uno de los mayores ecocidios en México.
Por ello la imagen de este municipio es desastrosa. Es otra evidencia concreta que confirma la tesis de que el capitalismo actual sólo puede reproducirse a partir de la destrucción de la vida. Esta catástrofe se puede observar recorriendo cualquiera de los rumbos de este municipio. Abundan los ejemplos del desastre: el río Santiago, el más caudaloso que teníamos en Jalisco, convertido por los desechos industriales de cientos de empresas y por los de la conurbación tapatía en el drenaje principal y causante de una multiplicidad de enfermedades mortales; un proceso de urbanización disperso sin precedentes, plataforma del impulso exponencial de las industrias extractivas de materiales para la construcción, mismas que han devastado casi todos los cerros de la zona; el más grande basurero, inexplicablemente ubicado a poca distancia del centro de la ciudad de El Salto y también cerca de la cabecera municipal de Juanacatlán, y en el cual se colocan a diario miles de toneladas de desechos que producimos irresponsablemente en la ciudad de Guadalajara, etcétera.
Y si esto fuera poco, a este proceso de destrucción ahora se suma un representante de la Iglesia católica, el cura de la iglesia de la Santa Cruz, en la cabecera municipal de El Salto, Rogelio González Arellano, quien, como cualquier político típico, se ha empecinado en ese afán equivoco de trascender o inmortalizarse, a través de realizar enormes obras materiales. Así, a este sacerdote se le ocurrió la genial idea de construir una gran finca, en una extensión aproximada de una hectárea y media sobre el cerro de la Cruz. Obviando que este cerro, de acuerdo con el plan municipal y parcial de desarrollo de la cabecera municipal, forma parte del área de conservación ecológica.
Habitantes de El Salto, integrantes de la asociación Un Salto de Vida, preocupados por este nuevo atentado contra el cerro de la Cruz, en el cual han realizado diversas tareas de reforestación, desde principios de junio interpusieron las denuncias correspondientes para la suspensión de dicha obra. La autoridad municipal en principio respondió con la clausura de la obra, pero ésta no fue respetada y la obra se ha continuado a pesar de saber que el cerro de la Cruz es el único que se ha salvado de la urbanización y la extracción salvajes; que es punto importante de infiltración de agua pluvial; hábitat de especies de vida silvestre, flora y fauna. Es decir, que cumple con importantes funciones ecológicas y ecosistémicas que tanta falta hacen.
La autoridad municipal debe hacer su trabajo y si la obra impulsada por el cura viola los planes de desarrollo urbano y de conservación ecológica, debe clausurarla de manera definitiva, no promover la división de la población y mucho menos pedir a la gente que haga su trabajo.
Mientras las autoridades municipales o las estatales cumplen con su responsabilidad, desde este espacio le recomendaría al presbítero Rogelio González Arellano la lectura de la encíclica del papa Francisco, Laudato sí: sobre el cuidado de la casa común, para que se oriente un poco en el tema de la crisis ambiental.
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da/i