Integridad pública

Para el presente periodo electoral, atendiendo una invitación de la organización Transparencia Mexicana, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco lanzó, junto con el Instituto de Transparencia de Jalisco (Itei), la iniciativa 3de3 por la integridad, en la que se invitó a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular en nuestra entidad a presentar su declaración de impuestos, de intereses y patrimonial, junto con una propuesta para impulsar la integridad pública desde el puesto que buscan, que se registrarán en la plataforma electrónica aportada por el Itei con ese fin (https://www.itei.org.mx/declaracion/). 

La intención de fondo es fomentar la discusión en torno a lo que es e implica la integridad pública, tanto entre quienes ejercen o aspiran a ejercer el poder, como entre el electorado, y la población en general, y esto me parece muy relevante. Es decir, el tema de la corrupción es claramente uno de los que más preocupan a la población, después del de la inseguridad pública y la violencia doméstica. Sobre la corrupción tenemos más o menos claro por qué es indeseable, pero sobre su remedio, la integridad, no ha habido mucha discusión. 

Al respecto, en el ITESO nos tomamos en serio la iniciativa y nos dimos a la tarea de revisar lo que se propuso al respecto por parte, por un lado, de quienes aspiran a una presidencia municipal en el Área Metropolitana de Guadalajara, y, por el otro, de quienes buscan ocupar un lugar en el Congreso de Jalisco (el reporte se puede consultar en shorturl.at/mnpyR). 

La evaluación de las propuestas de quienes aspiran a una alcaldía corrió a cargo del investigador José Bautista, quien encontró que casi en su totalidad se manejó el tema de la integridad como una cuestión que depende de cada individuo en lo particular, y no como algo que se puede favorecer y fomentar desde las instituciones, como lo plantearon solamente tres de las 32 personas que las presentaron. Cabe mencionar que hubo 12 candidaturas que no presentaron ninguna propuesta. 

En cuanto a las propuestas de quienes aspiran a una diputación, el ejercicio corrió a cargo del Observatorio Legislativo y de la Unión de Sociedades y Alumnos del ITESO. En este caso, se optó por utilizar una metodología de evaluación inspirada en la que utiliza el observatorio para evaluar la calidad de las iniciativas de ley. 

Los rubros contemplados en la evaluación fueron los siguientes: concepto de integridad pública; incorporación de principios o estándares relativos; identificación del marco legal aplicable; inclusión de mecanismos de garantía; identificación de los problemas o rutas de acción requeridas para implementar la propuesta; sustento teórico; identificación de población objetivo; previsión de la evaluación de cumplimiento de objetivos; y análisis de costo-efectividad. Adicionalmente se consideraron dos rubros no obligatorios: viabilidad presupuestal y análisis de impacto regulatorio. 

Se evaluaron un total de 125 propuestas, con corte el 7 de mayo, de las 260 que se esperaban. La mayoría de los candidatos no tenían claro el concepto de integridad pública, además de que gran parte demostraron alguna deficiencia. Por otro lado, ningún partido consideró la viabilidad presupuestaria, y casi ninguno hizo un análisis de impacto regulatorio o de costo-efectividad, o previó la evaluación. Es importante señalar que 26 candidatos no presentaron su propuesta. 

Como se ve, todavía queda mucho por discutir en torno a la integridad pública y sus implicaciones, y por lo menos desde el ITESO está la intención de aportar. 

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