Huentitán y la ambición inmobiliaria

Tres jóvenes universitarios han sido encarcelados y sujetos a proceso penal por ejercer el legítimo derecho de protestar en defensa de un bien colectivo frente al despojo que pretende realizar una empresa inmobiliaria en el Parque Huentitán. Se criminaliza la protesta social, mientras que personas responsables de otorgar lucrativas concesiones que han afectado el derecho constitucional de las familias que habitan en la zona conurbada a Guadalajara de tener una vivienda digna y contar con un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar permanecen en total impunidad.

En Guadalajara y su área metropolitana tener una vivienda digna y hacer uso de espacios públicos es un derecho que está lejos de ser garantizado para las mayorías; poder disfrutar la ciudad se ha convertido en un privilegio para las personas con mayor capacidad adquisitiva.

Situaciones como la gentrificación (desplazar a la población originaria de espacios urbanos revalorizados) y la construcción de zonas de alta plusvalía otorgándose permisos y concesiones sin los mínimos estudios de uso suelo, impacto ambiental o del agua también son una constante en la ciudad; la reducción del bosque de La Primavera para residencias privadas y la concesión a empresas inmobiliarias en el Parque Huentitán para la creación de complejos habitacionales son claros ejemplos de una política que privilegia intereses de grupos empresariales y consorcios frente al interés comunitario.

Por otro lado, zonas de Tlajomulco evidencian el fracaso de la política de vivienda con casi 80 mil casas en el abandono, en desarrollos precarizados como Chulavista, Mirador o Santa Fe nunca se instaló la infraestructura de transporte y servicios necesaria para su habitabilidad, se autorizaron residencias con una sola habitación en terrenos reducidos, multifamiliares que no contaban con áreas comunes para la recreación, tampoco se crearon escuelas o guarderías. Los problemas sociales que se han generado en ese tipo de vivienda llamada de alta densidad son múltiples: incremento de la violencia doméstica, inseguridad y presencia de fosas clandestinas en las casas abandonadas.

Autoridades que durante años han avalado el afán de lucro de las inmobiliarias permanecen sin ser investigadas y continúan otorgando concesiones con la mayor impunidad; sin embargo, frente a la protesta ciudadana para denunciar la apropiación del Parque Huentitán se han emprendido acciones penales en contra de tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara que acompañaban, junto con numerosas organizaciones ciudadanas, la defensa de ese espacio público.

La acción del Poder Judicial del estado en contra de los jóvenes Francisco Javier Armenta, Iván Cisneros González y Alexis Rojas es una forma de criminalizar la protesta y de inhibir el derecho de la ciudadanía de manifestarse cuando un patrimonio colectivo se ve amenazado por el interés de lucro de particulares avalado por autoridades sin ética ni compromiso social. El proceso penal en contra de los jóvenes y de quienes conformaron la iniciativa vecinal frente al despojo es una acción inaceptable contra aquellas personas que participaron en las acciones de resistencia para frenar la entrega del Parque Huentitán a la inmobiliaria privada.

Estas acciones represivas muestran a una autoridad judicial que criminaliza la libertad de expresión y el derecho de defender los pocos espacios de áreas verdes que se preservan en la ciudad es inconcebible que frente a los numerosos problemas de inseguridad que se padecen en Jalisco y las pocas acciones de la autoridad para contenerlos, haya jóvenes que han sido encarcelados por defender un parque público.

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