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El trabajo de promoción política ha tenido un efecto diferente en los distintos espacios en los que el proselitismo se lleva a cabo, prácticamente, por todos los institutos políticos que están en contienda, en vistas del proceso de selección de las candidaturas presidenciales que, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se tienen fijadas fechas que no corresponden con la efervescencia que se ha suscitado desde hace ya un mes, particularmente en el partido oficial.
En efecto, el surgimiento del establecimiento de reglas para selección de candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que llevará el mote de coordinador de Defensa de la 4T, planteó un virtual inicio de proceso de preselección de candidato, debido a la contienda entre cuatro de sus más importantes aspirantes para obtener la candidatura presidencial. Sumado a este esquema se ha tenido un permanente trabajo de propaganda que se ha desarrollado a lo largo del año desde la Presidencia del país.
Sobre las fechas para determinar las candidaturas, de acuerdo con lo informado por el INE, señala que, “la consejera Dania Ravel, destacó que, con base en los acuerdos obtenidos por los consejeros del INE, se prevé que el proceso electoral 2024, dará inicio el 4 de septiembre, por lo que las precampañas comenzarán en la tercera semana de noviembre y será cuando los partidos políticos darán a conocer sus procesos de selección internos para que puedan elegir a quienes serán las o los precandidatos”.
Con esto, el campo que estamos viendo y los fuertes debates y denostaciones entre los partidos, según parece que para el INE no se trata de proselitismo y que esperará hasta noviembre para comenzar a revisar la selección de precandidaturas. Con lo cual daría la impresión de que la difusión de los actuales mensajes, con evidente y profundo contenido electoral, no forma parte de los espacios en los que debería intervenir el INE haciendo señalamientos de actos anticipados de campaña a todos los partidos políticos.
Definitivamente, del resultado de este proceso electoral habrá cambios en la legislación sobre el tema; sin embargo, el gran problema que se está gestando es la desautorización, en los hechos, del órgano electoral. No se trata de un problema menor en la medida en que el orden institucional electoral se debilita frente a la acción altamente pragmática de los partidos por encima del órgano electoral.
El problema se establece en la dimensión de la autoridad que tendrá la institución en la medida en que los partidos sobrepasan los límites planteados para el procesamiento de la elección. Es delicado porque se trata del órgano regulador y no podrá mantener la claridad de sus disposiciones con las acciones pragmáticas de los partidos.
En dos momentos diferentes habrá que restablecer la legitimidad institucional para tener elecciones regulares y confiables. El propio proceso de 2024 que de momento todos los partidos han adelantado y que la inercia de las acciones irregulares sin sanción darán menos peso al órgano electoral. A mediano plazo, cuando las reglas se comiencen a manejar fuera de la órbita institucional electoral.
Se trata, pues, en este momento de restablecer el orden normativo, de acuerdo con las determinaciones que se mantienen vigentes porque, de lo contrario nuevamente estaríamos en el escenario en el que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la instancia que dirima las controversias electorales, debilitando progresivamente el peso que institucionalmente el INE ha dejado de ejercer. Lo anterior es una mala noticia en relación con el mantenimiento de una estructura que ha costado mucho esfuerzo en el país y que, por omisión, se deje al arbitrio de los partidos, la gestión de los procesos electorales.
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jl/I