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Rompiendo
Ley Telecom
Aquí no queremos defender a nadie, pero sí criticar la forma en que se ocasionan los problemas desde el Poder Legislativo.
Desde el inicio sonaba ilógico que el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa pidiera la creación de una nueva sala, la séptima, cuando estaban las convocatorias para buscar los sustitutos de tres que iban a dejar el cargo, y con este pretexto se sumaba un cuarto espacio para elegir.
La única sospecha era que necesitaban un espacio más para el principio que rige a esta legislatura de nombrar por “cuates y cuotas” y el tiempo dio la razón.
La sala se había decretado que iba a estar lista en cuanto se hiciera el nombramiento y entraría en funciones de manera inmediata; esto inicialmente iba a ocurrir el 22 de marzo, cuando los iba a nombrar, pero como no hubo acuerdos políticos la decisión se pospuso hasta el 6 de junio.
Ese día en un proceso fast track y de manera sorpresiva se ratificó a Adrián Joaquín Miranda Camarena como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa cuando no estaba en funciones, y eso no importó porque simplemente se pagaba la cuota al partido Hagamos. Y también se emitieron las otras tres convocatorias para buscar a los sustitutos de los salientes.
El magistrado acudió al día siguiente de su nombramiento al tribunal para tomar posesión del cargo y de la sala, y casi casi ahí se dio cuenta que fue engañado.
La supuesta sala séptima que estaba lista, incluso que no necesitaba más personal y recursos económicos porque iban a tomarlos de los suyos propios, y que hasta la Secretaría de Hacienda había dado su aval financiero para su operación, pero no fue así.
Y como todo se les hace fácil en el Poder Legislativo, creyeron que con ratificar a Miranda Camarena que ni siquiera estaba en funciones y asignarlo al espacio recién creado lograban cumplir.
Oficialmente desde el 7 de junio este magistrado es presidente de la séptima sala; sin embargo, hasta el momento no tiene un espacio digno ni personal ni equipo ni igualdad de condiciones que el resto.
Ante estas diferencias, ahora el afectado apela al Poder Legislativo para que le hagan justicia y se respeten los principios de igualdad equidad y no discriminación para realizar su trabajo cuando precisamente ellos fueron los que desde el inicio no garantizaron, no investigaron y tampoco les interesó comprobar que la sala estuviera lista para operar.
Ahora con qué rapidez responderán al grito de auxilio o lo dejarán a su suerte, como ha ocurrido en otros casos, que sólo se deslindan.
Todos los que votaron deben asumir su responsabilidad y encontrarle las herramientas para realizar la función que le encomendaron, si no, ¿para qué lo nombran?
Y como suele pasar, no hay cultura de la prevención y todo ocurre al día, al momento, sin que nadie cuestione y advierta de los posibles riesgos.
En ocasiones, lo hace la oposición, pero como en este caso estaban involucrados en el reparto, todos callaron, y las consecuencias de sus actos surgieron.
Aquí sólo les importó conseguir los votos para elegir y sacar convocatorias, pero no para verificar si la estructura estaba aceitada y lista para operar.
Como dicen en el argot político, ¿lo dejarán morir solo?
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jl/I