Ayotzinapa, siete años

Han pasado siete años de la noche del 26 de septiembre de 2014 en la que cinco autobuses donde se trasladaban normalistas de Ayotzinapa fueron brutalmente atacados en la ciudad de Iguala, Guerrero. Como resultado de las agresiones tres estudiantes murieron, hubo dos heridos de gravedad y 43 jóvenes resultaron víctimas de desaparición forzada. 

En vez de realizar una investigación exhaustiva, la entonces Procuraduría General de la República intentó cerrar el proceso en noviembre de 2014; señaló que los normalistas habían sido capturados por grupos criminales e incinerados en un basurero en Cocula, como prueba de ello informó que encontraron en una bolsa con cenizas un molar que correspondía a Alexander Mora. A esa versión el entonces Procurador Murillo Karam le llamó “verdad histórica”. 

Los familiares de los 43 cuestionaron la investigación por lo inverosímil, ya que la zona señalada por la autoridad no presentaba evidencia de quema de fuego de grandes dimensiones (ellos ya habían recorrido las zonas cercanas a Iguala para buscar a sus hijos), además de que esa noche había llovido en la región; también, científicos de diversas universidades hablaron de la imposibilidad de la quema. Ante la negativa de la Procuraduría para establecer otras hipótesis y buscarles, los familiares recurrieron a instancias internacionales que facilitaron la presencia –de 2015 a 2016– del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI). 

El trabajo del GIEI junto al de los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) hicieron posible que se formularan nuevas hipótesis y que se escuchara a los sobrevivientes y familias de las víctimas. El GIEI presentó dos informes en los que señaló las inconsistencias de las investigaciones de la PGR, dejando claro que la versión de la autoridad de la quema en Cocula era totalmente improbable. Por decisión del presidente Peña Nieto el mandato del GIEI no fue renovado y sus integrantes tuvieron que abandonar el país. 

La investigación de PGR jamás reconoció que los estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada y, en un informe de 2018 llamado Doble Injusticia, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que las supuestas confesiones de los detenidos que indicaron la quema en el basurero de Cocula como destino final de los normalistas, se obtuvieron mediante tortura. 

Al día de hoy, la investigación se ha retomado con otro enfoque. El gobierno de López Obrador hizo el compromiso de llegar a la verdad y para ello estableció un mecanismo de seguimiento denominado Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y la Unidad Especial de Investigación y Litigación que depende de la Fiscalía General de la República. 

Esta comisión se ha reunido de forma frecuente con los familiares de los 43 para mostrarles avances y coordinar nuevas búsquedas, la unidad especial ha liberado alrededor de 80 órdenes de aprensión y el trabajo de investigación permitió encontrar restos óseos de dos normalistas en un lugar distinto al señalado en un inicio correspondiendo a Christian Alfonso Rodríguez y Jhosivani Guerrero;  también se ha pedido nuevamente el apoyo del GIEI para colaborar en la investigación. 

En estos siete años la desesperanza cala hondo en las familias de los 43; ellos han declarado que el no encontrar a sus hijos les causa un dolor permanente; a la fecha han perdido la vida tres padres y una madre sin ver justicia o saber lo sucedido a sus hijos. 

A pesar de los avances del actual gobierno federal, luego de retomar la investigación con la coadyuvancia de las familias, aún sigue sin conocerse la verdad que es condición necesaria para que haya justicia, reparación del daño y garantías de no repetición. 

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