Omisiones legislativas

Una de las maneras en que se puede medir el nivel de poder de un actor político es lo que se conoce como el poder de veto, que consiste en impedir que se lleve a cabo algún procedimiento que podría modificar el estado de las cosas, incluso cuando no esté participando directamente en las negociaciones.

Como ese tipo de situaciones de veto no siempre se dan de manera abierta, no es fácil saber quién impide los cambios, y suele ocurrir que se le atribuya la responsabilidad a quien no puso en práctica la decisión tomada, pero no necesariamente es así, pues hay ocasiones en que pueden ser más de uno los actores que se benefician de que las cosas estén así, y sin ponerse de acuerdo explícitamente, convergen en la decisión de impedir el cambio.

Esto lo planteo porque sin un planteamiento así no es posible entender que la Cámara de Senadores de México haya dejado pasar más de 500 días sin nombrar a las dos personas que deberían ocupar ese mismo número de vacantes en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a lo que hace más de 150 días se agregó una vacante más, por lo que el pleno, el órgano máximo de decisión, quedó imposibilitado de tomar decisiones, dado que solo restan cuatro personas comisionadas, y la ley prevé que como mínimo deben reunirse cinco para que sus decisiones sean válidas.

En los hechos, esto significó que nos quedamos parcialmente sin el Inai, aunque afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el incumplimiento de sus obligaciones por parte del Senado había puesto en una situación de vulnerabilidad los derechos por los que vela el instituto, así que determinó que provisionalmente sus decisiones son legales aunque solo sesionen cuatro personas.

¿Cuáles son los derechos vulnerados? Pongo algunos ejemplos: El acceso de una persona a su expediente en una organización pública, como el IMSS, con los que puede demostrar su antigüedad en el trabajo, con lo que puede demandar ciertos derechos por antigüedad; o el acceso a la información sobre situaciones en las que una autoridad violó gravemente los derechos humanos, lo que nos permite entender qué es lo que no debería de volver a ocurrir.

Pero volvamos al tema del veto. ¿A quién le beneficia que no tengamos acceso a la información pública? En primer lugar a la Presidencia de la República, que con eso puede impedir que se contrasten sus informes con los datos documentados. O al Ejército, que no quiere que se sepa cuánto han costado las obras de infraestructura pública que está llevando a cabo, y que no tienen un fin exclusivamente militar. O quienes han malversado fondos federales, como ocurrió en el caso de Segalmex, donde se llevaron a cabo fraudes que exceden con mucho al monto de la denominada estafa maestra, que fue uno de los hechos de corrupción más evidentes de la administración de Enrique Peña Nieto.

En fin, es tanto el daño del incumplimiento de las obligaciones del Senado, que 130 organizaciones, y 98 personas dedicadas al periodismo, la academia o que valoran el acceso a la información, bajo la coordinación de la organización Designaciones Públicas, hemos publicado un desplegado poniendo en evidencia esta situación, demandando que se resuelva.

Si usted que lee este texto está de acuerdo que es necesario garantizar nuestro derecho a saber, y que es importante que quienes nos representan cumplan con las obligaciones que la ley les señala, le invito a presionar a los senadores de su estado a través de las redes sociales, mediante las etiquetas #DesignenYa y #LoQueDejamosDeSaber.

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