Parlamento abierto y adquisiciones públicas

Hace algunas semanas, el Congreso del Estado de Jalisco convocó a un ejercicio de parlamento abierto para recoger ideas para mejorar la normatividad vigente en torno a las adquisiciones públicas, un asunto que tiene gran relevancia en el actual contexto electoral, puesto que se sospecha que hay actores económicos que financian las campañas a cambio de contratos futuros.

Al respecto, considero necesario que el Congreso de Jalisco retome propuestas de instancias internacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que se invite a discutir la mejor manera de implementarlas a la iniciativa privada, sociedad civil y academia.

Para la OCDE las adquisiciones públicas son las compras o contrataciones llevadas a cabo por parte de gobiernos y empresas estatales de bienes, servicios y obras, que deberían garantizar una alta calidad de la prestación de servicios y salvaguardar el interés público.

Sobre ese tema, la OCDE propone una caja de herramientas para optimizar las adquisiciones públicas, consistente en 12 principios que se complementan entre sí, que bien valdría la pena incorporar en la mejora de nuestros marcos normativos. A continuación, los presentaré brevemente, pero se pueden consultar al detalle en https://acortar.link/scPBdn.

Transparencia en todas las etapas de la contratación, para promover un trato justo y equitativo a los potenciales proveedores; permitir el acceso gratuito en línea a la información sobre las adquisiciones públicas; y garantizar la visibilidad del flujo de los fondos públicos.

Preservar la integridad del sistema de contratación pública, desarrollando programas de capacitación para el personal, y controles internos, medidas de cumplimiento y programas anticorrupción para proveedores.

Facilitar el acceso a oportunidades para competidores potenciales de todos los tamaños, especialmente mediante licitaciones competitivas y limitando el uso de excepciones y adquisiciones de un solo proveedor.

Balancear el cumplimiento de los objetivos secundarios de una política con el objetivo de la adquisición.

Fomentar la participación transparente y efectiva, mediante diálogos con proveedores y asociaciones empresariales para presentar los objetivos de la adquisición pública y asegurar una correcta comprensión de los mercados.

Incentivar la eficiencia a lo largo del ciclo de contratación pública para satisfacer las necesidades del gobierno y sus ciudadanos.

Mejorar el sistema de adquisiciones públicas mediante tecnologías digitales para respaldar la innovación adecuada en la materia durante todo el ciclo de contratación.

Garantizar que los funcionarios encargados de las adquisiciones cumplan con altos estándares profesionales de conocimiento, implementación práctica e integridad, proporcionándoles un conjunto de herramientas dedicado y actualizado periódicamente.

Evaluar periódica y consistentemente los resultados del proceso utilizando indicadores para medir el desempeño, eficacia y ahorro del sistema de adquisiciones públicas.

Desarrollar herramientas de valoración de riesgos para identificar y atender las amenazas al funcionamiento adecuado del sistema de adquisiciones.

Aplicar mecanismos de supervisión y control para la rendición de cuentas a lo largo del ciclo de una adquisición pública, incluyendo procedimientos de quejas y sanciones.

Apoyar la integración de la contratación pública en los procesos generales de gestión de las finanzas públicas, presupuestación y prestación de servicios.

En mi siguiente columna comentaré los riesgos que pretenden prevenir esos principios, de acuerdo con la OCDE.

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