Las instituciones ciudadanas a prueba (CNDH e INE)

En el desarrollo del proselitismo oficial de las campañas de las diferentes opciones políticas en este proceso concurrente se ha generado en un clima de alta radicalización de las diferentes posiciones y se ha exacerbado un alto clima de polarización que ha generado una observación muy concentrada en los partidos políticos y, prácticamente, nada en los ciudadanos.

En efecto, la perspectiva ciudadana del proceso electoral ha quedado en un plano muy marginal y se ha desarrollado un sistema discursivo de anulación mutua entre las dos posiciones de mayor presencia en el panorama político y, parecería que, todo se circunscribe a la exclusiva visión política que tiene esta fase electoral en el país. Sin embargo, dos instituciones se han desgastado y debilitado en este proceso y que han constituido desde su formación, en la década de los noventa, como elementos sustanciales en el desarrollo de los derechos ciudadanos, independientes de los manejos de los partidos políticos y del Estado. Se trata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE).

Dos dimensiones importantes en el reconocimiento de los derechos ciudadanos lo constituyeron un órgano autónomo de reconocimiento de las prerrogativas que el ciudadano tiene respecto del Estado y que no depende de los partidos políticos, sino de los propios derechos de los que goza el ciudadano sencillamente por el hecho de ser ciudadano, ante los cuales existe la obligación del respeto de esta condición en el funcionamiento social por parte del Estado.

Por otra parte, el derecho a votar y ser votado, y que se respete la dimensión política del ciudadano, independientemente de los partidos políticos, a través de un órgano autónomo independiente del gobierno y con una representatividad ciudadana que garantice y genere certidumbre del respeto al voto y de seguimiento de los temas electorales.

La relevancia de estas dos instancias ha pasado por el tamiz de los discursos políticos proselitistas y, aunque los ciudadanos se mencionen como parte de los procesos, se debe fortalecer el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto a la participación y certidumbre en los procesos electorales que no dependen de ningún partido ni de instancias de gobierno. De hecho, antes de la dimensión específica que se busca, que es la representación, se encuentra el derecho ciudadano de su empoderamiento en el espacio público.

Al margen de los intereses de los partidos es importante notar el debilitamiento de estas dos instituciones, particularmente en este sexenio, adelgazando el peso de sus funciones como órganos ciudadanos autónomos, y debe garantizarse, más bien, el funcionamiento de los mismos guardando su dimensión ciudadana, para no confundirlos y pasarlos como temas secundarios del funcionamiento partidista o de gobierno. Corresponde a la ciudadanía el mantenimiento de estructuras de representación ciudadana sólidas. En las actividades posteriores a la elección del próximo 2 de junio, se pondrá a prueba la fortaleza, fundamentalmente del INE, frente a la avalancha de recursos de inconformidad que interpondrán el oficialismo y la oposición. Fortalecer el reconocimiento de los derechos ciudadanos es un eje que no debe perderse de vista.

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