Una reforma para el acceso a la justicia

Fundado en 1988 por la Compañía de Jesús, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, se planteó como propósito impulsar cambios estructurales para que la sociedad tenga condiciones para ejercer de forma equitativa la totalidad de los derechos humanos.

Tiene como misión, promover y defender los derechos humanos de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o de pobreza para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, en la que se respete plenamente la dignidad humana.

El Centro Prodh acompaña principalmente a indígenas, mujeres, migrantes y víctimas de la represión social, y desde 2004 está acreditado ante la Organización de Estados Americanos.

El pasado 10 de julio presentó una propuesta para la reforma del Poder Judicial, partiendo de la pregunta: ¿qué debería incluir una reforma que realmente quisiera ampliar el acceso a la justicia para los sectores más marginados?

De los temas esenciales que enlista el Centro Prodh para esta reforma, el primero parte de la urgente necesidad de reconstruir a las fiscalías, integrando a la Fiscalía General de la República (FGR). El esfuerzo de crear fiscalías autónomas fracasó hace tiempo, y el gran problema de la impunidad en nuestro país, viene no sólo de la mala actuación y corrupción de los jueces, sino ante todo con los ministerios públicos.

Un segundo tema trascendente, es el fortalecer la justicia local. Los problemas de falta de independencia e imparcialidad se encuentran principalmente en los poderes judiciales locales, donde las y los magistrados de los tribunales superiores de justicia estatales siguen sujetos a sus gobernadores.

Rediseñar a las policías encargadas de investigar los delitos es un tercer tema de la mayor importancia, porque no tenemos en México policías con capacidades para investigar los delitos científicamente. Tradicionalmente, se encargaron de esta función los “policías judiciales” con conductas corruptas y violatorias de los derechos humanos, que se transformaron hoy en policías ministeriales o policías de investigación. A nivel federal se dio facultades a la Guardia Nacional para funciones de investigación, lo que se vuelve problemático por su carácter militar.

Un cuarto tema es la independencia de los servicios periciales. La insuficiencia crónica de los servicios forenses y la falta de inversión en estos les hace susceptibles a la influencia política indebida, y además todos los servicios forenses están rebasados en su carga laboral. Se hace urgente el incrementar las capacidades técnicas de los servicios periciales.

Un quinto y último tema es el acrecentar los recursos y personal de las defensorías. El gran problema de acceso a la justicia en México se observa en las dificultades que enfrentan las personas más desprotegidas, marginadas y vulnerables, para acceder a asesoría y representación legal de calidad.

Nuestro sistema de justicia está roto, y el elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular no contribuirá a atender ninguna de estas necesidades y temas tan urgentes.

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