La caravana wixárika

En la historia política del México de abajo podemos encontrar múltiples ocasiones en las que la sociedad ha evidenciado la falacia del estado de derecho. Son muchas las ocasiones en que, desde alguna población del país, se han realizado generosas y desgastantes movilizaciones hacia Palacio Nacional con la intención de que el presidente en turno escuche los clamores populares. Pocas veces ha sucedido eso y cuando se ha logrado los resultados no han sido satisfactorios, sin embargo, dirigirse a los espacios del poder no deja de ser una recurrente forma de lucha. 

Solo como ejemplo, podemos recordar las siguientes: la marcha por la dignidad encabezada por el doctor Salvador Nava, iniciada en San Luis Potosí a principios de los años noventa del siglo 20; la marcha por la paz con justicia y dignidad, de mayo de 2011, iniciada en Cuernavaca, Morelos, y convocada por el poeta Javier Sicilia; la marcha del color de la tierra de 2001, convocada por el EZLN e iniciada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quizá una de las más prolongadas que se hayan realizado en México. 

Como puede verse, estas marchas se realizaron en periodos históricos diferentes que, en términos generales podríamos decir, antes y después del PRI y durante los gobiernos del PAN. Ninguna logró su objetivo. Ningún presidente los escuchó realmente, aunque los haya recibido y mucho menos hizo justicia. La impartición de justicia en México, por tanto, no está ligada al tipo de partido y/o la persona que gobierne.  

Ahora, en los tiempos del gobierno de AMLO, el pueblo wixárica decidió protagonizar una marcha similar. No sabemos si el presidente los recibirá y mucho menos si hará realidad las demandas por las cuales alrededor de 200 personas pertenecientes a la comunidad indígena wixárica de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños, Jalisco, soportando el intenso calor que invade el país, empezaron a caminar el 22 de abril 900 kilómetros para llegar a la Ciudad de México. Quieren que AMLO haga lo necesario para que se ejecuten las sentencias ganadas desde 2006 para que se les restituyan 11 mil hectáreas. 

Sabiendo de la trayectoria y posicionamiento político de las comunidades wixárikas, se puede interpretar que es otro significado el que ellos otorgan a su decisión de caminar desde sus territorios hasta la Ciudad de México y plantarse en el Zócalo hasta ser recibidos. Quizá están más interesados en lo que suceda durante el transcurrir de la marcha más que en lo pueda acontecer en Palacio Nacional, edificación que para la política del poder sigue siendo su mayor símbolo. 

A diferencia de otras marchas hacia Palacio Nacional, la de esta comunidad indígena de Jalisco no está planteando una demanda nueva. Lo que exige es que se ejecute una sentencia definitiva, ordenada por las autoridades agrarias, para que se les restituyan sus tierras invadidas por ganaderos mestizos de Huajimic, Municipio de La Yesca, Nayarit. El punto está tan claro que hasta los jueces tuvieron que reconocerlo desde 2006. Lo que no está claro, pero es solo un decir, son los motivos por los cuales no se ha ejecutado la sentencia. 

Como ha sucedido en otros tantos casos, las sentencias judiciales pierden su sentido si estas no son ejecutadas por las propias autoridades de manera expedita y completa. 

¿Cómo se puede explicar y justificar que una comunidad tenga que recorrer tantos kilómetros para pedir se ejecute una sentencia judicial? ¿Y cómo es que una autoridad gubernamental espera pacientemente a que lleguen a hacerle este tipo de reclamos? 

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