Movilización social contra las desapariciones

La comunidad de la Universidad de Guadalajara ha convocado a manifestarse por la paz y la justicia ante la desaparición de Miguel Alejandro Soto; el joven es estudiante de CUCEA y personas armadas lo sacaron por la fuerza de su casa el 15 de septiembre sin que se sepa hasta el momento su paradero. También por aquellos universitarios que a la fecha se encuentran desaparecidos y por las casi 15 mil víctimas de desapariciones en Jalisco.

La marcha y concentración solidaria reunió a alrededor de 15 mil universitarios; en su mensaje, el rector general de la universidad hizo un llamado al gobernador para que atienda de forma prioritaria la grave problemática de las desapariciones que prevalece en el estado y exigió en nombre de la comunidad universitaria comparecencia pública de las autoridades responsables, implementación de medidas extraordinarias para la búsqueda de las miles de víctimas de desaparición y la creación de una mesa de situación con representación de la sociedad que haga un monitoreo diario de la crisis de desapariciones que se vive en Jalisco y que cuente con la coordinación directa del Ejecutivo; también expresó que la comunidad se unía al dolor y la exigencia de la familia de Miguel Soto de que el estudiante sea presentado de manera inmediata y con vida.

En el contexto nacional, también se vivieron fuertes manifestaciones de resistencia durante este mes ante las desapariciones: es el caso de la presencia en el Campo Militar 1 en la Ciudad de México los días 21 y 22 de septiembre de familiares y sobrevivientes de la represión sufrida en las décadas de los 60 y 70 en el país; esa actividad es parte de una serie de recorridos que se realizarán a través de la Comisión de Acceso a la Verdad por Violaciones a Derechos Humanos (creada en el 2021) que atendiendo el reclamo de sobrevivientes y familiares se están identificando espacios que pudieran haber sido utilizados como centros de detención clandestina y tortura.

Del 20 al 27 de septiembre las madres, padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 realizaron una jornada de denuncia por justicia y verdad exigiendo avances en la investigación y materialización de diversas órdenes de aprehensión; en la marcha realizada en Ciudad de México por los ocho años transcurridos sin saber el paradero de sus hijos.

Las familias también expresaron su agradecimiento a organizaciones, colectivos, sindicatos, estudiantes y sociedad civil de diversas partes del país que les han acompañado en su caminar; “agradecemos la enorme solidaridad que nos han brindado a lo largo de estos interminables y dolorosos años en los cuales ustedes han sido nuestra fuerza para continuar adelante”.

Aunque en la actual investigación sobre Ayotzinapa se reconoce que los jóvenes fueron víctimas de desaparición forzada (que nunca se aceptó así durante la administración de Peña Nieto) y que se trata de un crimen de Estado por el nivel de complicidades que se involucran entre las diversas autoridades, hace aún falta un largo camino por recorrer para que los responsables intelectuales y materiales sean sancionados, y en ese sentido las familias ratificaron su voluntad de continuar hasta saber con certeza lo sucedido con sus hijos.

También es importante resaltar una iniciativa aprobada por unanimidad el 23 de septiembre en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que actualizaría diversas disposiciones en materia de desapariciones atendiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, destacándose que se reconocerá la desaparición como un delito de lesa humanidad, dicha iniciativa pasará a ser discutida por el Senado.

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