Moches legislativos

La pandemia del Covid-19 nos tiene distraídos o, mejor dicho, enfocados en un solo tema, y a veces no podemos darnos cuenta que al mismo tiempo pasan cosas trascendentes aparte de la propagación de esta enfermedad.

Quiero destacar los moches legislativos. Tenemos que ponerle su nombre atractivo para poder entender la problemática que ocurre cuando los diputados locales quitan parte del salario a sus trabajadores. Esto no es nuevo, se ha denunciado en otras Legislaturas, pero ahora hay una declaración de una trabajadora supernumeraria, que sin miedo denunció a su jefe inmediato, el diputado de Movimiento Ciudadano Ismael Espanta, antes de Morena, de que le quitaban 2 mil pesos a la quincena desde hace un año, y se animó a decirlo porque ese mismo día se enteró de que no le había renovado su contrato y no le avisaron.

Sólo en esta situación es cuando los empleados se encuentran entre la espada y la pared, es decir, entre comer y no comer, y se animan a decir la verdad que enfrentan. Se reveló lo que otros callan y no se animan a hacer porque hay más casos de que les quitan parte del salario y les piden no hacer transferencias; obviamente, para que no haya rastros y se entregue de manera directa con la complicidad de su gente más cercana.

El contralor interno, Raúl Bermúdez, inició una investigación de oficio para poder investigar más a fondo, ahora que alguien se animó a levantar la voz. Habrá que esperar a conocer qué tan efectiva será su investigación, si podrá configurar estos hechos para encontrar responsables ahora que hay nombres y apellidos y poder sancionar.

Esta práctica se da no sólo en el Congreso local, sino en otros gobiernos, donde prometen trabajo a cambio de regresar parte de su salario, una acción que consideran menos ilegal que contratar a personas que cobran sin ir a trabajar, los llamados aviadores.

Desde el Poder Legislativo ya se intentó desactivar esta noticia al prometer recontratar a los empleados supernumerarios recién despedidos por este legislador, y con la promesa de que no estarán directamente con él y que mantendrían su trabajo, aunque aún no se sabe si sólo durante la contingencia o hasta el fin de la Legislatura.

Los empleados que ahora serán recontratados están felices porque mantendrán sus salarios en esta contingencia, cuando se supone que no podrían despedir a nadie y eso les da tranquilidad de poder sobrellevar esta cuarentena. Hasta les prometieron que no habrá consecuencias por haber hecho manifestaciones públicas de este desorden. Pero siempre hay la advertencia de darles el trabajo si no dicen nada, si no señalan los actos de corrupción que observen o hacerse de la vista gorda. Aquí es donde el nuevo Sistema Anticorrupción del Estado debe mostrar su eficiencia y su eficacia para modificar o inhibir estas realidades.

El contralor interno es el que tendrá el mayor trabajo para poder comprobar y sancionar esta supuesta ilegalidad donde hay testimonios públicos, pero seguramente será difícil encontrar las pruebas porque en los actos de corrupción se trata de no dejar huella, de no ser descubiertos y quizás una muestra de un mea culpa muy sutil fue que el diputado ya no se presentó a la última sesión plenaria convocada el 27 de marzo, precisamente el día que se hicieron públicos la anomalía y los despidos.

Ojalá hubiera más trabajadores, que incluso desde el anonimato, se animaran a reportar estos hechos para buscar que llegue la justicia y se eviten estas malas prácticas como ocurre con el delito de cohecho, y como es entre dos, conque uno lo denuncie las cosas pueden cambiar.

¿Y los coordinadores parlamentarios? Bien, gracias, ellos insisten en que no ocurre y se escudan en que deben presentarse las pruebas para poder criticar porque no basta el dicho de los empleados dolidos.

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