Pin parental y educación

El llamado pin parental hace un símil con lo que en tecnología conocemos como nip o contraseña y que funciona para proteger un dispositivo, cuenta electrónica o acceder a contenidos. En el caso de los menores es una idea impulsada por grupos conservadores para que ciertas áreas referidas a la educación sexual, inclusión, género o diversidad sólo puedan ser impartidas en la educación básica con permiso expreso de los padres de familia. 

Esta iniciativa se ha presentado en varios estados de la República; en el caso de Jalisco, el PAN, junto con otras organizaciones, lo ha hecho recientemente. De acuerdo con la información que el propio Congreso local proporciona “busca otorgarles a los padres de familia el derecho a decidir sobre la educación de sus hijos sobre valores, creencia, religión” e incluir como posibilidad a quienes ejerzan la patria potestad de los menores de “decidir sobre materias, cursos, talleres y otras actividades sobre educación sexual, así como de diversidad sexual, a otorgar su consentimiento según sus creencias éticas o religiosas”. 

El argumento central presentado por los grupos que dicen defender a las familias es que los valores deben ser impartidos en casa, pero la realidad mexicana evidencia un panorama desolador con relación a las violencias que muchos niños y niñas reciben en el hogar y entorno comunitario. Por ejemplo, México es el país con la mayor cantidad de niñas/adolescentes embarazadas en todo el mundo y generalmente quien las embaraza es un adulto; el mecanismo de seguimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw) ha pedido a nuestro país actuar con urgencia al respecto y garantizar la educación sexual en todos los niveles escolares. 

También las violencias sexuales están presentes en el seno familiar; según la encuesta Endireh (2016) del Inegi –refiriéndose a la violencia en el hogar– “los principales agresores sexuales son tíos y primos”, y de acuerdo con datos de la OCDE (2019), México ocupa el primer lugar en abuso infantil, con 5.4 millones de casos por año. El abuso sexual hacia menores tiene una alta cifra de hechos sin denunciar; grupos defensores de los derechos de la niñez estiman que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños llegarán a sufrir violencia sexual antes de alcanzar la mayoría de edad. 

La educación sexual permite a niños y niñas identificar situaciones de riesgo, alejarse de prejuicios y empezar a desarrollar una conciencia sobre el consentimiento y el respeto al cuerpo; acorde a cada nivel educativo es necesario hablar sobre prevención de abusos como mecanismo de autocuidado ante una sociedad con patrones de comportamiento tan violentos en contra de mujeres y niñas. 

Afortunadamente, colectivos defensores de derechos humanos y de la diversidad han alzado la voz de inmediato, pues además de retrógrada, la iniciativa propuesta resulta anticonstitucional y contraviene convenciones internacionales que México ha suscrito a favor de la infancia. De hecho, la propia CNDH emitió comunicado en julio del presente año para señalar que ese tipo de iniciativas vulneran la Constitución, pues en sus disposiciones establece que “los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá, entre otros contenidos, la promoción de estilos de vida saludables y la educación sexual y reproductiva, con lo cual se garantiza el derecho al libre desarrollo de la personalidad”. 

Valdría recordar también el contenido del artículo 3 que orienta el sentido de la educación en México, señalando que debe ser laica, inclusiva, fomentará la cultura de la paz y se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

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