Los niños no votan

Hace tiempo fui coordinador de actividades del Centro Municipal de la Cultura (CMC) de Zapopan. En algún momento llegó al CMC a prestar su servicio social una alumna de la Licenciatura de Administración Pública. Su intención era elaborar un diagnóstico de CMC, realizar su tesis y así titularse. En el ínterin, el director renunció y su lugar fue ocupado por ella, ya titulada. De inmediato empezó a tomar decisiones poco congruentes con las labores culturales propias del centro. En una ocasión, al solicitarle apoyo para resolver una prioridad de cierta actividad, respondió: “Mi preocupación es que haya papel en los baños; que se haga el aseo…”. Claro, quedé sorprendido por su respuesta, pero razoné que no tenía ni idea de lo significaba la cultura. 

Cuando la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) dijo que las escuelas de tiempo completo desaparecían porque su presupuesto sería destinado para otras prioridades, porque “de momento hay muchas (escuelas) con necesidades básicas como agua y sanitarios que se deben atender”, sentí un déjà vu. Entonces, ¿qué hicieron durante los dos años de pandemia? Nada, por eso “es prioritario darle atención a esas escuelas que tienen esa necesidad, y por eso La Escuela es Nuestra se va a enfocar principalmente a que el recurso que se asigne sea ocupado para esa situación”. 

Con la decisión de cerrar este programa se dejará de atender a unos 3.6 millones de niños y adolescentes. Las Escuelas de Tiempo Completo tenían como fin que en los planteles pudieran tener jornadas escolares de 6 a 8 horas, además que ahí les servían alimentos. Esto permitía que las madres de familia pudieran incorporarse al mercado laboral, contribuir con ingresos a la familia y despreocuparse del cuidado de sus hijos mientras ellas trabajaban. Con todo y sus posibles desaciertos, este programa cumplía una política pública de apoyo a las familias más necesitadas. 

En virtud de que esta acción pudiera ser considerada como violatoria a los derechos humanos de la niñez (y por ello inconstitucional), el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, entendió el desacierto y rápido anunció que su administración mantendría estas escuelas. Después, al menos 13 gobiernos estatales más anunciaron que habría lo propio: San Luis Potosí, Colima, Puebla, Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Chihuahua, Yucatán, Nuevo León y Guanajuato. 

Esto habla no solo del error cometido por las autoridades de la SEP, sino por la misma Presidencia de la República, pues entra en la misma lógica de destrucción de cualquier programa, funcione o no, que tenga sus orígenes en sexenios pasados. Lo mismo pasó con las estancias infantiles en 2019, donde los recursos ya etiquetados para ese fin se destinaron para la ejecución del Programa de Apoyo al Bienestar, que no estaba incluido en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

Por otro lado, el gobierno federal se niega a vacunar a los niños, sin importar que “los menores de un año, es el grupo de edad con un mayor número de defunciones…, representando 27 por ciento de los decesos en menores, seguido del grupo de 15 a 17 años… con un 23 por ciento” (https://onx.la/fe848). Lo mismo con relación al cáncer infantil, cada cuatro horas muere un infante por cáncer, la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años, que empeora con el desbasto de medicamentos. 

Tal parece que el gobierno de la cuatroté insiste en desatender a los niños mexicanos, prefiere destinar el presupuesto a programas sociales que reditúen votos… al fin que los niños no votan. 

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