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A pocas semanas de que comience el Ciclo Escolar 2024-2025, la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) confirmó que más de un millón 200 mil estudiantes de educación básica, de escuelas públicas, no recibirán los paquetes escolares con mochilas, calzado, uniforme y útiles. Para la mayoría de los padres de familia, en especial los que sobreviven con escasos recursos, la medida los golpea económicamente.
La entrega gratuita de esos paquetes escolares se suspendió por ahora a pesar de que en febrero de este año el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de decreto que asegura, en el papel, que el programa sea un derecho de las familias jaliscienses, y quede como un legado de la administración para las futuras generaciones, como se presumió. Los diputados locales reformaron la Ley de Educación del Estado que crea un fondo de ingresos presupuestales para entregar los apoyos a los niños, niñas y adolescentes de educación básica, de escuelas públicas.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció en enero pasado que no podrían entregar los paquetes escolares, ni ningún tipo de apoyo, por la veda electoral, y porque, se argumentó, las tallas para los uniformes del estudiantado podrían cambiar. Sin embargo, la medida pudo posponerse, pero no suspenderse, ajustando los tiempos, apremiando a los proveedores y afinando los mecanismos de entrega para respaldar a las familias. De que se quiere, se puede. Pero no fue así.
Y tan se puede que, por ejemplo, Zapopan está entregando con recursos propios mochilas con útiles a 119 mil estudiantes, como informó la alcaldesa interina, Ana Isaura Amador. Si Zapopan pudo, ¿por qué la SEJ y el gobierno estatal no?
Que se anunciara la suspensión del programa escolar casi medio año antes de las elecciones del 2 de junio permitió que transcurriera el tiempo suficiente para que se olvidara la nada grata decisión gubernamental y que amortiguara el posible impacto político adverso en la votación para las candidaturas de Movimiento Ciudadano. En medio de las disputadas campañas electorales, el anuncio de que no se entregaría nada fue medido políticamente y quedó perdido en la memoria social. Con ese antecedente, el gobierno estatal puede argüir: “se les avisó”, “si se les olvidó, no es responsabilidad nuestra”, y lavarse las manos.
Una familia con dos, tres o más estudiantes en alguno de los más de 9 mil planteles en que se reparten los paquetes escolares, seguramente está sufriendo para reunir los miles de pesos que deberán pagar. Habrá quienes puedan reciclar parte de esos productos, pero los hay que no, como los de recién ingreso a preescolar, primaria o secundaria. Que en febrero de este año se incorporara el programa en la ley como un derecho no mitiga el desembolso. Sobre todo cuando las familias y estudiantes fueron habituados a recibir el apoyo.
Se trata de uno de los programas que presume Alfaro Ramírez, quien lo implementó cuando fue alcalde de Tlajomulco y luego de Guadalajara, pero que ahora genera angustia, incertidumbre y molestia entre quienes difícilmente tienen ingresos para cubrir lo básico. Que se anuncie que se restablecerá en 2025, significa poco para quienes viven al día; algo que no comprenden quienes tienen abundantes recursos económicos y, desde la cúpula, deciden por las mayorías empobrecidas.
X: @SergioRenedDios
jl/I