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Un México violento
Porque nos la quitaron
Entre muchos de los aspectos negativos que ha develado la crisis sanitaria por el Covid-19 se encuentra el abandono y el modelo caduco e ineficaz del sistema de salud mexicano.
Ya desde hace años los usuarios de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), si su economía lo permitía, preferían atenderse con profesionales de la salud particulares.
Los que no, hoy sumados los del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), padecen significativas pérdidas de tiempo para lograr ser atendidos, tardanzas de meses o años en intervenciones de especialistas, escasez de medicinas que les son recetadas y que tendrían que ser proporcionadas por las instituciones –no es raro que los derechohabientes tengan que comprarlas–, entre otras calamidades.
Pero también es verdaderamente preocupante, evidenciado por la tasa de letalidad del coronavirus en México, que ha llegado al 12.2 por ciento cuando la misma en el promedio mundial es de 6 por ciento, que las condiciones de salud integral de las y los mexicanos son deplorables, producto de la orientación curativa del sistema de salud y de los raquíticos, ineficientes e ineficaces programas de prevención y promoción de la salud que paradójicamente dirige Hugo López-Gatell, subsecretario federal en la materia, desde hace más de año y medio.
Esta situación también la podemos observar en el cuestionable manejo preventivo de los contagios y cuando ya se empieza a detectar un muy significativo incremento en los trastornos psicológicos y en los suicidios producto de la crisis sanitaria, del aislamiento social, de la pérdida del empleo, de la afectación económica y de la incertidumbre. Con ello se puede inferir que las acciones de prevención y de promoción de la salud o son muy pobres en calidad y cantidad, o francamente están ausentes.
Lo profundamente preocupante es que con “la corrida” de la Secretaría de Salud federal (Ssa) de la doctora Asa Christina Laurell –hasta la semana pasada era subsecretaría de Integración y Desarrollo, pero renunció por diferencias con el titular de la Ssa, Jorge Alcocer Varela, y con el director del Insabi, Juan Antonio Ferrer– podemos concluir que se pierde una esperanza de que en el presente sexenio el sistema de salud se transforme y se convierta en el garante del derecho a la salud de las y los mexicanos. Para mayor desilusión, lo mismo pasa en el sistema estatal de salud de Jalisco.
Al parecer las transformaciones prometidas fueron grandes esperanzas para las y los ciudadanos, y realidades frustrantes. ¿Habrá que esperar otros 5 años para que renazcan las esperanzas?
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jl/I