Temaca vive, la lucha sigue

Las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo han dado una lucha ejemplar en la defensa de su territorio y el derecho a existir como pueblos. En 2007, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) firmó un convenio de coordinación con los estados de Guanajuato y Jalisco para iniciar la construcción de la Presa El Zapotillo, con el objeto de abastecer de agua potable durante los próximos 25 años a la población de León –principalmente– para uso industrial o de negocios. 

Con un embalse inicial estimado de 85 metros de altura, durante el gobierno de Calderón, Conagua amplió el proyecto de abastecimiento de agua para uso industrial proponiendo una cortina de 105 metros, lo que llevaría a la inundación de esas tres poblaciones. Los habitantes de las comunidades expresaron su rechazo a la construcción de la presa y recurrieron a diversos mecanismos legales para preservar sus derechos frente a la inminente decisión de las autoridades. 

El 13 de agosto de 2008, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó un pronunciamiento (05/2008), en donde se solicitó que mediante un proceso de consulta en el que debían participar la población, sociedad civil y especialistas, se aportaran puntos de vista para presentar proyectos alternativos al que se pretendía elaborar. También emitió la recomendación (35/2009) dirigida al entonces gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, señalando que se acreditaba la violación a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, propiedad, vivienda, conservación del medio ambiente, patrimonio común de la humanidad, desarrollo y salud. 

En su momento, los gobiernos federal y locales no sólo debieron haber considerado las afectaciones materiales a las poblaciones, sino los impactos psicosociales ante la pretensión de negarles el derecho a existir como pueblos; en ese sentido el Relator Especial de las Naciones Unidas Oliver de Shutter (2011) visitó la región y en su informe destacó que las consultas con la población deberían haberse celebrado en la fase inicial del estudio de viabilidad de la obra y no en las fases finales, y que se debía dar a las comunidades afectadas la posibilidad real de influir en la decisión de las autoridades sobre ejecutar o no el proyecto. 

Pasaron 10 años de la recomendación de Naciones Unidas hasta que finalmente la actual administración federal reconoció que quienes deberían tomar la decisión sobre la Presa El Zapotillo son las poblaciones afectadas y sugirió que, en caso de hacerse la obra, el agua no sería para uso industrial de Guanajuato, sino para abastecer a la Zona Metropolitana de Guadalajara. El pueblo de Temacapulín ya expresó su voluntad: aceptar la altura de la cortina a 80 metros, llenar a mitad de su capacidad y realizar obras adicionales (vertedor) para que no haya riesgo de anegación en los poblados ante un eventual exceso de agua. 

Para los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son casi 15 años de resistencia y de lucha, pero finalmente su voz dio la pauta a seguir en la toma de las decisiones respecto al proyecto. 

Muy bien por el gobierno federal que basará la decisión sobre la obra en lo que determinen las poblaciones afectadas; mal por el gobernador de Jalisco que a pesar de haber hecho compromisos con los habitantes de Temaca se mostró molesto durante la última visita a Temacapulín y manifestó su inconformidad por la determinación que tomó la población al ser consultada. Valdría la pena recordarle a Enrique Alfaro la disposición constitucional que señala que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. 

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