Evaluación educativa y la 4T

Con el pretexto del combate a la corrupción (y al neoliberalismo, de paso), el gobierno de la 4T se ha enfrascado –con una voracidad descomunal e inusitada– en una vorágine destructiva de instituciones, programas, comisiones y fideicomisos. Fundamentada en la famosa “austeridad republicana” (claro, no aplicada a obras y programas insignes de López Obrador) y para continuar con el desmantelamiento institucional, el 15 de mayo de 2019 se publicó el decreto que desaparecía el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que tenía como objetivo evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional, desde el nivel preescolar hasta la media superior.

El argumento para desaparecer el INEE fue porque era “una imposición dictada desde el extranjero y aceptada dócilmente por los gobiernos anteriores”. No conforme con ello, el 10 de abril de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo “por el que se revoca la determinación como Información de Interés Nacional de la Información Estadística del Sistema de Información y Gestión Educativa”. El acceso a esta información es vital para investigadores, especialistas y ciudadanía para la elaboración y evaluación de las políticas públicas educativas. Esto es otro atentado contra la transparencia y la rendición de cuentas de este régimen.

Si ya de por sí estábamos en los últimos lugares en la esfera educativa de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la pandemia redujo considerablemente el mejoramiento entre los escolares mexicanos. Desde 2000, México participaba en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés); sin embargo, para la edición 2022 nuestro país fue el único, de los 87 países de ese organismo, que no participó en dicha prueba.

Es de señalarse que en 2019 se aplicó el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) –una prueba para estudiantes de tercero y sexto de primaria (iniciada en 1997)–; sin embargo, el gobierno de la 4T informó que salía del programa y hasta hoy se desconocen los resultados de dicha evaluación (y ya no habrá más).

La educación en nuestro país se vislumbra, no como un detonador de movilidad social, sino desde una perspectiva estrictamente política. No se ve como un medio para que nuestros jóvenes logren salir de una condición social en desventaja y puedan aspirar a mejorar sus perspectivas de vida para ellos y sus familias. En el México actual de la 4T el aspiracionismo es visto como sinónimo de individualismo, propio de la clase media clasista e hipócrita, que “quieren triunfar a toda costa” (AMLO dixit).

Una frase atribuida a Peter Drucker, “lo que no se mide no se puede mejorar”, no se aplica hoy al desempeño de la educación en México, principalmente por razones políticas e ideológicas. Y en esto estriba la controversia con los libros de texto gratuitos que empezarán a distribuirse en el próximo ciclo escolar 2023-2024: ¿cómo se han elaborado si no tienen un diagnóstico preciso sobre las deficiencias de los escolares, en especial con el rezago producto de la pandemia?

Aunado a la descalificación de las autoridades educativas (solo habrá que ver los perfiles de los titulares de la SEP) –y casi por terminar el sexenio–, se está poniendo la carreta al frente de los bueyes: no se han publicado los planes de estudio con los que en el futuro se fusionen, en la práctica, los libros de texto.

Lo más preocupante es la carga ideológica que se le quiere imprimir a los contenidos de los libros.

Twitter: @ismaelortizbarb

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