Ayotzinapa y el derecho a la verdad

En esta semana el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) dio por terminada su labor de apoyo al Estado mexicano en la tarea de averiguar qué ocurrió con los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, quienes fueron desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, señalando que no pueden avanzar más porque el Ejército y la Marina de México se niegan a proporcionar información en su poder que es clave para esclarecer los hechos. Su último informe se puede consultar en https://acortar.link/8ARYgE

El GIEI se constituyó en el año 2015, después de que se descubrió que la mal llamada “verdad histórica” por parte del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, estaba construida sobre la base de testimonios falsos, obtenidos mediante tortura, como parte de una estrategia para ocultar la verdad sobre una trama que apunta a un crimen de Estado, por lo que era necesario el apoyo externo en la investigación.

Los crímenes de Estado son delitos cometidos por personas trabajando para alguna instancia pública, o por particulares que actúan en complicidad o gracias a la tolerancia del propio Estado, que, además, utiliza los recursos a su disposición para evitar que los hechos se investiguen y sean sancionados. Y por Estado se entiende no solo al gobierno, sino también al conjunto de la sociedad, que con su acción o pasividad incide en las decisiones que toma el gobierno.

Las evidencias que pudo recabar el GIEI dejaron en claro que hay varias instancias públicas involucradas en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, de los tres órdenes de gobierno, y que han actuado en conjunto para distorsionar u ocultar los hechos, de manera que no se pueda determinar quiénes fueron responsables de ese crimen.

Esta situación es muy grave, porque niega el derecho a la verdad a las familias de los 43 estudiantes, así como al resto de la nación, que necesita saber qué ocurrió, por qué y cómo, para poder hacer lo necesario para que no vuelva a ocurrir un evento tan terrible como ese. Y, además, se niega la reparación del daño, que comienza por localizar a los estudiantes, y sigue con la reparación de todo el sufrimiento y otros males, que padecieron ellos y sus seres queridos.

El problema es que pese a que en reiteradas ocasiones el presidente de la República se comprometió a apoyar en el esclarecimiento de los hechos, y hasta ordenó públicamente a las fuerzas armadas que cooperaran con el GIEI, esto no ocurrió, lo que nos pone ante dos posibilidades extremas, con múltiples combinaciones en medio: o el presidente miente, y en público ordena una cosa, y en lo privado ordena, otra, y por lo tanto es cómplice, o dentro de las Fuerzas Armadas hay personas con más autoridad que el presidente, y han ordenado que no se entregue la información.

Cualquiera de las alternativas nos debería de preocupar, porque implica que las fuerzas armadas de México, a las que en este sexenio se les ha dado más poder que el que habían tenido en los últimos 80 años, tienen criterios de decisión que no son públicos, y no sabemos a quién le rinden cuentas de los resultados, y eso es muy peligroso, porque pone a toda la población en posibilidad de sufrir un abuso por parte de quienes deberían protegernos, y sin que nadie, ni el supuestamente poderoso presidente, pueda evitarlo.

¿De verdad queremos vivir así? ¿Con la posibilidad de que nos detengan arbitrariamente, y nos desaparezcan las instancias que deberían de protegernos, debido a que es probable que se pone la impunidad de quienes deciden por encima de cualquier otra consideración?

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