Largo y sinuoso camino

La historia de las elecciones en México ha tenido una trayectoria que bien lo define la melodía de la mancuerna Lennon/McCartney. El sistema electoral mexicano pasó de ser “un ritual sancionador de decisiones previamente dirimidas en otras arenas” (Molinar) a uno donde la alternancia en el poder en todos los órdenes de gobierno –gracias a un organismo federal y otros organismos públicos locales electorales (OPLE)– ha sido plenamente garantizada, reflejada en el actual caleidoscopio de la geografía electoral del país. 

En efecto, dichas instituciones se han vuelto onerosas, aunque también son presas de presiones provenientes de grupos de poder e intereses económicos que atentan contra el principio de independencia y autonomía para el cumplimiento de sus funciones. Para evitar esto se ha construido un entramado jurídico y administrativo que garantice un delicado equilibrio institucional entre el Instituto Nacional Electoral (INE), los OPLE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade). 

Lejos quedó el tiempo en que el Poder Ejecutivo designaba al secretario de Gobernación como presidente de la Comisión Federal Electoral (siendo juez y parte), hasta adquirir completa autonomía e independencia de este poder en la figura del Instituto Federal Electoral (ahora INE) y las otras instituciones en la materia. No se debe olvidar la famosa “caída del sistema” en voz del último titular de la deplorable CFE (electoral), que ahora despacha en la otra CFE (electricidad). 

Este “delicado equilibrio” institucional se ve amenazado a la luz de algunas acciones en el ámbito político nacional. En principio, el titular de la Fepade fue activista de izquierda y allegado de AMLO, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien en la semana advirtió que tiene información de que “seis o siete gobernadores están preparando un fraude”. Se espera que la vigilancia incluya también a gobernadores de Morena. Recordemos que Ortiz Pinchetti integró en su momento el autodenominado “gabinete legítimo” de AMLO donde ocupó la “Secretaría de Relaciones Políticas”. 

Por otro lado, John Ackerman, el esposo de la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval (envueltos ambos en escándalo por la adquisición de varias propiedades en nueve años, siendo académicos), fue designado para integrar el Comité Técnico de Evaluación (propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos) para la elección de cuatro consejeros de INE. El académico no ha dejado de ser polémico y parcial en sus opiniones en las redes sociales, lo que ha dado a cuestionar su ecuanimidad a la hora de decidir quiénes integrarán el Consejo General del INE (pedir la destitución de Monreal como coordinador de Morena en el Senado lo delata). 

Por último, al autonombrarse “guardián electoral”, el presidente López Obrador se extralimita en sus facultades, pues en ninguna parte del artículo 89 constitucional menciona que tendrá esa atribución. Lo que sí se le pide, y está obligado a hacer, es dar instrucciones a sus subalternos para que eviten incurrir en delitos electorales y resistan la tentación de usar los programas gubernamentales para apoyar a candidatos de Morena. 

Afirmar que el INE “nunca garantizaron (sic) elecciones limpias y libres” es un contrasentido porque, gracias a que esa institución organizó y garantizó el voto en los comicios de 2018, permitió a AMLO llegar a la Presidencia, también a otros candidatos de Morena y tener mayorías simples en el Senado y en la Cámara de Diputados. 

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