Campañas violentas y sangrientas

Aunque desde tiempos inmemorables las campañas hacen referencia a confrontaciones militares, en nuestro país en los últimos tiempos las campañas electorales se han acercado cada vez más a su significado prístino. En abril de 2018 escribí en este mismo espacio “La campaña más sangrienta” (https://n9.cl/hdvtc4): en la contabilidad final al 1 de julio de ese año fue de 172 políticos asesinados, de los cuales 48 fueron precandidatos o candidatos. Este año electoral, a una semana de la celebración de los comicios, se han registrado, de acuerdo con el Cuarto Informe del Indicador de Violencia Política (IVP) de Etellekt Consultores, un total de 476 agresiones contra políticos: a la fecha 88 políticos han sido asesinados, de los cuales 34 eran aspirantes o candidatos. 

La más reciente candidata asesinada fue Alma Barragán, contendiente del partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato; así como el ataque a balazos al candidato a la presidencia municipal de Acapulco, El Güero Alonso. Recordemos también que el pasado 14 de mayo fue asesinado Abel Murrieta, también candidato de MC a la alcaldía de Cajeme, Sonora. La velocista mexicana Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD para la presidencia municipal de Valle de Bravo, fue secuestrada y amenazada para que abandonara la contienda. En fin, el rosario es interminable… 

En Jalisco la cosa no es menos grave: el asesinato del ex gobernador Aristóteles Sandoval, el pasado 19 de diciembre, es el más paradigmático ejemplo de la violencia política. Por otro lado, dados los problemas de inseguridad ocurridos en Jilotlán de los Dolores, varios partidos políticos han solicitado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la suspensión de la elección del 6 de junio. En ese municipio fue ejecutado en 2018 el alcalde Juan Carlos Andrade, quien buscaba la reelección por MC. Además se han presentado ante el IEPC más de 37 quejas por violencia política a mujeres. 

El gobierno de los Estados Unidos afirmó algo que no cayó muy bien en el gobierno federal: que alrededor de 30 por ciento del territorio mexicano es controlado por el crimen organizado, “en áreas que son ingobernables”. Concebir al narco tradicional de forma romántica sólo como traficantes de droga es no entender que los criminales han evolucionado su modus operandi: cobro de plaza, secuestros, huachicoleo (tan impune como siempre) y la influencia en la esfera política (en especial la municipal) es parte de su diversificación (más de 600 habitantes de Teocaltiche han huido debido a los enfrentamientos entre grupos criminales). 

La ausencia de una política federal efectiva y congruente contra el crimen organizado (“Abrazos, no balazos”), y que tan solo consiste en reunirse todos los días a las 6 de la mañana a beber café y destinar todos los recursos para perseguir enemigos políticos: han atrapado a uno que otro político del pasado, pero ningún capo importante (al que tenían lo dejaron ir). Y el panorama desolador en la persecución de delitos, donde la impunidad en homicidio doloso es de casi el 90 por ciento, resulta atractivo para los delincuentes conscientes que sus crímenes quedaran impunes. 

Por último, ante los desfiguros y la falta de creatividad de las campañas en la actual contienda electoral, donde se recurre profusamente al desprestigio y las campañas negras –que prevalecen por encima de las propuestas de los candidatos–, el tema de la seguridad pública es, también, muy pobre. Pero es entendible, el tema es un trabuco y pocos quieren “echarse ese trompo a la uña”. 

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