Frenos, contrapesos y política perversa

Cuando Montesquieu propuso la doctrina de división de poderes (El espíritu de las leyes) lo hizo pensando en una forma de protegerse contra la tiranía de los gobernantes. La idea de dividir el poder en tres instituciones fue para que una no controlara a las otras, y así buscar un equilibrio. En la actualidad este arreglo tiene un mecanismo complejo de frenos y contrapesos para lograr ese equilibrio necesario.

¿Qué tan eficiente es en el actual régimen de la 4T el equilibrio de poderes? En estos momentos se está poniendo a prueba este supuesto con al menos dos acontecimientos: por un lado, la discusión de la prisión preventiva de oficio (PPO) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y, por el otro, la incorporación en definitiva de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Con relación a la PPO, en el sistema judicial mexicano solo tres de cada 10 personas concluyen su proceso con una sentencia, con lo que se prueba que la prisión preventiva no ha probado su efectividad. Es más, de 2019 (cuándo se amplió el catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional) a 2021 ha aumentado 27 por ciento el número de personas privadas de libertad sin sentencia (México Evalúa).

Mientras se decida sobre la PPO en el máximo tribunal de México, tres casos paradigmáticos se tienen presentes: 1. Que Daniel García y Reyes Alpízar hayan pasado 18 años en prisión preventiva acusados de un delito que no cometieron; 2. Que Verónica Razo lleva 11 años en prisión preventiva sin sentencia, a pesar de haber sido torturada física, psicológica y sexualmente (claro, no es Florence Casezz); y 3. Alejandra Cuevas, acusada y encarcelada por el fiscal general Gertz por más de 500 días por un delito inexistente.

Ante la posibilidad de que los ministros votaran a favor de eliminar la PPO, la maquinaria de la 4T se movilizó, encabezados por el presidente López Obrador, los legisladores y los gobernadores de Morena. Incluso, el presidente criticó a los ministros propuestos por él, admitiendo que se equivocó porque ahora “Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos”. Agregó que, al votar contra la PPO, “no se estaría cumpliendo con el principio del equilibrio y la separación de poderes”, mensaje demoledor para los magistrados. Ayer, el ministro Aguilar Morales decidió retirar su propuesta de inconstitucionalidad de la PPO, para cambiar su ponencia y presentarla en nueva fecha.

El citado artículo 19 incluye en su catálogo de delitos, entre otros, el uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, curiosamente son los delitos por los que se ha abierto una carpeta de investigación a Alito. Después del encuentro de éste con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el recinto parlamentario el pasado 1 de septiembre, ocurrieron dos cosas: primero, en automático cesaron la difusión de los videos contra el primero; y, segundo, la diputada Yolanda de la Torre presentó una iniciativa para que la presencia del Ejército en las calles se extienda hasta 2028 (y que será acompañada por la bancada del PRI). En política la forma es fondo, diría el clásico.

¿Por qué se presentó la iniciativa en este preciso momento? ¿Por qué no esperar a conocer el resultado de la iniciativa del futuro de la Guardia Nacional en el Senado? AMLO y Alito ya han demostrado cambiar de opinión: ¿buscará Alito ser el candidato del PRI en 2024? ¿Estará AMLO preparando el terreno para un eventual “Maximato”?

Twitter: @ismaelortizbarb

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